Miércoles, 31 de marzo del 2021

El derecho a la muerte digna en el Perú

El caso de Ana Estrada Ugarte y la aplicación de la eutanasia en casos específicos.

El derecho a la muerte digna en el Perú
El Juzgado ordenó que se conformen comisiones médicas interdisciplinarias para fijar los aspectos técnicos, asistenciales y de aplicación de la eutanasia, así como el protocolo a seguir.

Mg. Enrico Huarag Guerrero

Docente Asociado

Facultad de Derecho y Ciencia Política

El 22 de febrero de 2021 marca un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas en el Perú. Ese día, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo en beneficio de la ciudadana Ana Milagros Estrada Ugarte contra el Ministerio de Salud (MINSA), Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que reconoció por primera vez en el Perú el derecho a una muerte digna.

Ana Estrada, psicóloga de 43 años, comenzó a manifestar síntomas de polimiositis desde los 12 años. Esta enfermedad (incurable, degenerativa y en etapa avanzada) ha deteriorado su capacidad motora casi completamente, además de inflamar y debilitar los músculos voluntarios de todo su cuerpo. En la actualidad, Ana depende completamente del cuidado de personal de salud. Para ella el suicidio no es una opción, pues se encuentra incapacitada de ejecutarlo, y requeriría de la ayuda de un tercero. Sin embargo, el artículo 112 del Código Penal establece lo siguiente:

“El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años”.

La demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo buscaba que se declare inaplicable el artículo 112 del Código Penal en el caso de Ana Estrada, con la finalidad de que ella pueda elegir, sin que los terceros sean procesados penalmente, el momento en que se le pudiese proporcionar la eutanasia. Ello por considerar que los efectos de la norma en cuestión lesionan su derecho fundamental a una muerte digna, así como a los derechos fundamentales a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y amenaza cierta a no sufrir tratos crueles e inhumanos.

CONCLUSIONES

En la Resolución N.º 6 del 22 de febrero de 2021, el Juzgado llega a la conclusión de que la muerte digna no es un derecho fundamental (como la vida, la libertad, la dignidad) que, por tanto, deba ser protegido y promovido. Sin embargo, considera que es un derecho derivado de la dignidad, que debe ser protegido aunque no promovido por el Estado, pues genera un conflicto con su deber de proteger la vida.

Entendida la dignidad como el derecho a no ser víctima de tratos crueles e inhumanos y del uso de la libertad, en situaciones en que la libertad física puede estar afectada por la enfermedad incurable, degenerativa, progresiva, en situación terminal e irreversible que devendría del agravamiento progresivo de la condición, el Juzgado consideró que la intervención del Estado mediante el tipo penal del artículo 112 del Código Penal es, en el caso de Ana Estrada, excesivo, desproporcionado al derecho que protege y afecta sus derechos fundamentales a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y de no sufrir tratos crueles e inhumanos. En consecuencia, dispuso:

A. Inaplicar el artículo 112 del Código Penal para el caso de Ana Estrada, siempre que los actos tendientes a su muerte se practiquen de manera institucional y sujeta al control de legalidad, en el tiempo y oportunidad que ella no especifique.

B. Ordenar al Ministerio de Salud y EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada de poner fin a su vida mediante el procedimiento de eutanasia, y que conformen Comisiones Médicas interdisciplinarias para fijar los aspectos técnicos, asistenciales y de aplicación de la eutanasia, así como el protocolo a seguir.

La sentencia no fue apelada ni por el Ministerio de Salud, ni por Essalud ni por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que ha quedado consentida. Significa el reconocimiento, por primera vez en el Perú, de un derecho a la muerte digna, aunque no considerado como un derecho fundamental.

Debemos tener en cuenta que al reconocerse el derecho de Ana Estrada a la muerte digna mediante una acción de amparo, los efectos de este reconocimiento no tienen carácter general, como sí lo tendrían con una ley. No obstante, bajo el principio de que “donde hay la misma razón hay el mismo derecho”, cualquier persona que se encuentre en una situación similar podrá interponer una acción de amparo para obtener el mismo reconocimiento de su derecho.

SOBRE LOS MÉDICOS

Quedaba una cuestión pendiente, y era la sanción administrativa a los médicos que aplicaran el procedimiento de eutanasia a Ana Estrada, en aplicación del artículo 72 del Código de Ética del Colegio Médico del Perú. En la Resolución N.º 7 del 8 de marzo de 2021, el Juzgado aclaró que la inaplicación del artículo 112 del Código Penal implicaba, además, que los médicos no podrán ser procesados penal ni administrativamente ni ser sancionados por institución alguna, pública o privada, por el cumplimiento de la sentencia de tutela de muerte digna.

Al tratarse de un reconocimiento judicial de un derecho, la sentencia del caso Ana Estrada no tiene los mismos efectos que la legalización de la eutanasia en países, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia, y los Estados de California y Montana en Estados Unidos.

Tampoco puede compararse con la figura del suicidio asistido que se encuentra legalizado y regulado en Suiza, Alemania, Austria, y en los Estados de Washington, Oregón y Vermont, en Estados Unidos. No obstante, es un hito importante en el reconocimiento de los derechos a la libertad y dignidad de las personas.

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